La hoja de reclamaciones electrónica funcionará antes de fin de año. La consejera de Gobernación, Clara Aguilera, lo anunció ayer en su presentación del II Plan Estratégico de Protección y Defensa de las Personas Consumidoras y Usuarias 2008-2011. Este proyecto, con una inversión de 66 millones de euros servirá, en palabras de la consejera, como "garantía de los derechos de los consumidores andaluces al ofrecerles un mejor nivel de seguridad y protección".
Aguilera se refirió al proyecto, que consta de "12 objetivos, 32 líneas estratégicas y más de un centenar de acciones", como "el fruto de un largo periodo de redacción con las aportaciones de todos los implicados, incluidos los empresarios". "Nosotros fuimos modelo en la protección de los consumidores desde la aprobación de la ley de defensa y protección del usuario en 2003", comenzó diciendo la consejera. Lo más importante este año, señaló, es la participación de las asociaciones de consumidores UCA-UCE, FACUA y Al Andalus.
La consejera apostó por la participación de las entidades locales a la hora de informar y asesorar a los usuarios. Reconoció que, por el momento, no todos los ayuntamientos cuentan con una oficina de atención al cliente pero que es "una de las políticas que se está trabajando".
La actual situación económica también se mencionó. "En los momentos de crisis, se produce más indefensión del consumidor. Por ello hay que tener todos los mecanismos preparados", afirmó.
El Plan cuenta también con la colaboración de la Confederación de Empresarios de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Aguilera resaltó la importancia de que seis consejerías se hayan implicado en el proyecto: Justicia y Administración Pública; Turismo, Comercio y Deporte; Agricultura y Pesca; Educación; Igualdad y Bienestar Social y Medio Ambiente. El 70% de la inversión se empleará en reforzar el control de los mercados y en mejorar la formación de la población respecto a sus derechos.
Entre las prestaciones de carácter administrativo, el plan establece la elaboración del Estatuto de los Usuarios de los Servicios Públicos de Andalucía.
