La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, intenta echar balones fuera en la causa por corrupción en la que está imputada por desviar, presuntamente, de manera irregular 1,2 millones de euros a asociaciones afines. En un escrito, dirigido al juez Ignacio Sánchez García-Porrero, la primera edil alega que las subvenciones investigadas se atribuyen al «consistorio municipal» y por ende, añade, ella «por el mero hecho de ser la responsable de la corporación» no tiene esa responsabilidad. En un intento desesperado, la podemita responsabiliza de los hechos investigados a los distintos organismos del Ayuntamiento para que sean otros los imputados en la investigación.

Colau se exculpa ante el titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona asegurando que «la querella –por la que se ha iniciado el procedimiento– no describe ni un sólo acto, ni una sola intervención en la tramitación de las subvenciones que se tachan de delictivas, atribuibles» a ella. «En el relato fáctico se imputa la concesión de las subvenciones al consistorio municipal y al Ayuntamiento de Barcelona que preside Ada Colau», sin embargo, dicha querella «se dirige contra la alcaldesa, como si el mero hecho de ser el cargo público que preside la corporación municipal y ejerce su representación, dirigiendo el Gobierno y la administración municipal, permitiera atribuirle una responsabilidad penal en relación a cualquier acto o resolución administrativa que dentro de la compleja organización municipal se puedan adoptar», explican los abogados contratados por la alcaldesa de la Ciudad Condal.

La alcaldesa señala que, en todo caso, la responsabilidad de desviar los fondos públicos al Observatorio DESC –entidad en la que trabajó Colau antes de dar el salto a la política–, Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) recae en la Comisión de Derechos Sociales, Cultura y Deporte que preside la concejal de En Comú Podem Laura Pérez Castaño. «La alcaldesa no forma parte de esta comisión», explican los abogados de Colau como si no recayese ningún tipo de responsabilidad sobre la máxima dirigente del consistorio.

Por último, en esta declaración de intenciones exculpatoria, los letrados de la edil subrayan que de la querella interpuesta «se deduciría que Ada Colau tiene ella, por sí sola, una libre disponibilidad de los fondos del Ayuntamiento de Barcelona, para lo que quiera y para quien quiera como si de su economía doméstica se tratara». 

Sin embargo, el juez no ha aceptado la pretensión de Colau que ha recurrido la admisión a trámite de una querella. Entre otras cosas porque, según se explica el auto al que ha tenido acceso este periódico, no es objeto de recurso. El magistrado recuerda que la doctrina del Tribunal Supremo apunta a que no se debe poner recurso a la decisión de admitir una querella, ya que no se practicó instrucción.

El juez reprende a la alcaldesa porque su escrito es una «declaración exculpatoria», que corresponde a hacer durante su declaración como investigada. De este modo, el instructor mantiene la imputación de Colau que deberá acudir a los tribunales el próximo 4 de marzo por la presunta comisión de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas y fraude en la contratación.

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