Un nuevo frente –judicial y político– se abre en la guerra que mantienen los gobiernos central y madrileño:en este caso, el motivo es el reparto «a dedo», según Madrid, de parte de los fondos europeos. Y la batalla se dirimirá ante el Tribunal Constitucional, a la que el consejero de Economía y Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, va a presentar un recurso por este motivo. Ya lo apuntó hace diez días, al presentar los presupuestos madrileños: había una parte de los fondos –9 millones de euros – que el Ministerio de Trabajo había entregado directamente a cuatro autonomías: Navarra, País Vasco, Extremadura y Comunidad Valenciana. Un nuevo perjuicio a Madrid que el político detectó «con estupor» y frente al que ha dicho basta.

El paso de las palabras a los hechos se ha concretado en pocos días:ayer lo anunciaba Fernández-Lasquetty en una entrevista a Ep. Tal y como ya había señalado el pasado 27 de octubre, explicaba que el Ministerio de Trabajo, tras hacer un reparto a todas las autonomías de los fondos europeos que le correspondían, se reservó otra parte para aplicar directamente. Y fue a parar «sin criterio ninguno» a País Vasco, Extremadura, Navarra y Comunidad Valenciana, a las que les llovieron «una serie de millones» que «consideramos que es andar repartiendo el dinero a dedo».

No es la primera vez: ya había censurado que «todos los ministros utilizan en el reparto criterios que benefician a Valencia y Cataluña y perjudican a Madrid». Para Lasquetty, es «decepcionante» cómo se está gestionando el asunto de los fondos europeos. «Son una cantidad gigantesca de dinero, 70.000 millones de euros de euros, de los cuales el Estado ha decidido gestionar 50.000 millones y que 20.000 millones sea lo que pase a través de las comunidades».

Nuevo capítulo

Este es el último capítulo de un enfrentamiento abierto entre los ejecutivos nacional y regional. Y que ha terminado ya en los tribunales en varias ocasiones:por ingresos que no llegan, diferencias en los criterios de reparto de fondos o planes de armonización que obligarían a variar las políticas fiscales a la baja que defiende Madrid. La lista es larga y ahora se suma a ella esta queja ante el Constitucional por la entrega supuestamente «a dedo» de fondos europeos a sólo algunas comunidades.

Ha habido ya dos recursos en los tribunales con reclamaciones de la Comunidad de Madrid al Ministerio de Hacienda: en el primero, se recurre ante la Audiencia Nacional el impago de la recaudación de un mes del IVA de 2017. Ese año, durante la presidencia de Mariano Rajoy, se puso en marcha el Sistema de Información Inmediata del IVA, que demoró los plazos de liquidación y abonó sólo once meses, dejando uno sin repartir. El dinero se espera desde 2019 (se paga a los dos años), y en el caso de Madrid, son 377 millones de euros. Ya ha habido fallos a favor de otras regiones por este asunto.

Un segundo contencioso tiene que ver con las entregas a cuenta: son 53,64 millones de euros los que se le reclaman al Ministerio, que según Madrid se pagaron de menos en la liquidación de las entregas a cuenta de 2019. Primero se intentó por vía epistolar: una carta del consejero Fernández-Lasquetty a la ministra Montero. Pasado un mes sin respuesta, se llevó a la Audiencia Nacional, en marzo de 2020, por considerarlo una «merma sin precedentes» en los ingresos para Madrid comunicados por el ministerio.

Fuentes del Ministerio de Hacienda recordaban que Madrid, «como el resto de comunidades, ha recibido en 2020 y 2021 la mayor financiación por parte de la Administración central de su historia».

Autonomía y paraísos

La siguiente batalla vino por el reparto de los Fondos REACT-EU, para ayudar a salir de la crisis generada por el Covid. La aportación recibida por Madrid fue de 1.284 millones de euros, un 12,8 por ciento de estos fondos y muy inferior –denunció Lasquetty por carta a la ministra María Jesús Montero– a la aportación de la Comunidad madrileña al PIB nacional, que asciende al 19,24 por ciento. Si se aplicara este criterio, recuerdan, Madrid debería haber recibido 640 millones de euros más.

La disputa sobre la armonización fiscal es la última, y de las más intensas: tiene su origen en una petición de ERC para reformar el impuesto sobre Patrimonio forzando que Madrid lo suba. En la región, este tributo está bonificado al cien por cien. Después, se ha presentado una enmienda de Unidas Podemos a los Presupuestos Generales del Estado en ese mismo sentido. «Vamos a defender nuestra capacidad para suprimir el Impuesto de Patrimonio. Si esta enmienda fuera adelante, iríamos al Tribunal Constitucional, que lo paralizaría de manera inmediata», dijo hace tres días en ABC el consejero Fernández-Lasquetty.

Fuente: https://www.abc.es/espana/madrid/abci-ayuso-emprende-cinco-guerras-judiciales-contra-pedro-sanchez-impuestos-y-fondos-europeos-202111080010_noticia.html

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