El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una condena de ocho años y medio de inhabilitación a la exalcaldesa de Alcalá del Valle (Cádiz) Dolores Caballero Flores (IU) y al que fue su concejal de Servicios Sociales, José Hinojosa López, por un delito de prevaricación en relación a la realización de numerosos contratos temporales “a dedo” entre los meses de marzo y septiembre de 2015.

El tribunal de la Sección de Apelación de la Sala de lo Civil y Penal ha desestimado el recurso presentado por la defensa de los dos acusados contra la resolución de la Audiencia de Cádiz (Sección Octava) que en diciembre de 2020 condenó a ambos por un delito continuado de prevaricación.

La inhabilitación es para el cargo de alcalde, teniente de alcalde, concejal y cualquier cargo de naturaleza electiva y que implique una participación en el Gobierno municipal, autonómico, estatal o europeo.

La sentencia está fechada a 29 de septiembre, es la número 232/2021.

La firman los magistrados Rafael García Laraña (presidente), Julio Ruiz-Rico Ruiz-Morón y José Manuel de Paúl Velasco, que ha sido el ponente.

Contra esta resolución cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

LOS HECHOS PROBADOS

El TSJ ha aceptado íntegramente los hechos que declaró probados la Audiencia.

Dolores Caballero Flores era alcaldesa de la localidad de Alcalá del Valle desde 2007, habiendo sido concejal de dicho Ayuntamiento en los ocho años anteriores a ostentar tal cargo, aunque en la oposición. Y era durante el mismo tiempo concejal de Bienestar Social José Hinojosa López.

Según los hechos probados, «ambos, conociendo que el procedimiento era legalmente inadecuado y prescindiendo del preceptivo procedimiento de selección, desde marzo de 2015 hasta septiembre de 2015, realizaron numerosos contratos temporales, amparándose en supuestas necesidades sociales de los contratados».

La Audiencia precisa que las contrataciones las formalizaba Dolores Caballero, “que los firmaba o lo hacía otro concejal por delegación suya, previa propuesta” del entonces concejal de Bienestar Social, y que tras la firma en marzo de 2015 de unos 50 contratos temporales de una duración de tres o cuatro días por contrato y sin oferta dirigida al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) hubo una advertencia el 6 de marzo de ese año por parte de la secretaria-interventora del Ayuntamiento de que no se ajustaban a Derecho.

En dicho informe se comunicaba a los ahora condenados que “ninguna de las contrataciones que se estaban haciendo se ajustaba al procedimiento para la selección de personal laboral temporal al servicio de las Administraciones Públicas, habiéndose formalizado al margen del procedimiento establecido, con vulneración de los principios de igualdad, mérito y capacidad y habiendo prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente previsto”.

La secretaria interventora advertía que no constaba ni informe previo sobre la existencia de crédito para la contratación, ni confección de las bases de selección en las que se determinasen los trabajos a realizar, ni sistema elegido de selección, ni requisitos de los aspirantes, ni méritos a valorar y forma de acreditarlos, ni pruebas a realizar. «No se elaboraron unas bases para la contratación, lo cual es competencia del alcalde, ni hubo convocatoria anunciada en el tablón de anuncios ni en el BOP ni el INEM», expone el tribunal.

Añade que los contratos “se hacían amparándose en supuestas situaciones de necesidad de los contratados, situaciones que no se recogieron en ningún expediente al efecto”.

La elaboración de dichos expedientes “correspondía a los Servicios Sociales del Ayuntamiento, que estaban bajo la supervisión y mando del acusado y que en su caso deberían haber finalizado con el informe de la trabajadora social del Ayuntamiento dirigido al acusado y en el que se le pondría de manifiesto la existencia de la situación de necesidad y la posibilidad de incluirlo en el programa de trabajos por horas”.

En la sentencia se enumeran hasta 128 de estos contratos en los que “no hubo expediente ni informe alguno”.

‘RESULTADO INJUSTO Y OBJETIVAMENTE CLIENTELAR’

El TSJA explica que la defensa, en el recurso común de apelación interpuesto, no discute  tanto «la realidad de los hechos objetivos enjuiciados -la contratación temporal de numerosos trabajadores sin ningún tipo de oferta pública previa, procedimiento de selección ni comprobación de la capacidad para el puesto- como su valoración jurídica; negando que esas contrataciones, realizadas por la alcaldesa a propuesta del concejal de Servicios Sociales coacusado, puedan constituir el delito de prevaricación del artículo 404 del Código Penal” por el que han sido sentenciados, “por no constituir resoluciones arbitrarias en el sentido del tipo ni haberse dictado a sabiendas de su injusticia”.

Frente a ello, el tribunal asevera que casos como el enjuiciado, “de contratación directa por el alcalde de trabajadores municipales, con absoluta prescindencia del procedimiento adecuado y sin respetar los principios de publicidad, concurrencia, igualdad, mérito y capacidad, constituyen supuestos paradigmáticos de prevaricación, en cuanto con ellos se infringen no solo los aludidos condicionamientos constitucionales del empleo público, sino también los principios igualmente constitucionales de objetividad e interdicción de la arbitrariedad que rigen la actuación administrativa”.

Destaca que “la ilegalidad de tal proceder es tan flagrante y de tan general conocimiento que no puede ser ignorada por quien ostenta la máxima autoridad municipal, cuente o no con la advertencia en ese sentido de los funcionarios técnicos del Ayuntamiento; y no menos evidente es la injusticia del resultado provocado, y con ello la arbitrariedad de la resolución, pues la contratación “a dedo”, sin publicidad ni igualdad de oportunidades, impide que puedan optar al empleo otros posibles candidatos que puedan tener igual o mayor capacidad para desempeñarlo y necesitarlo tanto o más que la persona favorecida”.

Los magistrados hacen hincapié en que los beneficiarios de las contrataciones “irregulares” fueron las personas que los condenados «decidieron por sí y ante sí, en lo que no es sino un ejercicio de la arbitrariedad: poner la propia voluntad por encima de cualquier consideración legal”.

Manifiestan que no puede alegarse en ningún caso la falta de conocimientos de los condenados o la falta de un asesoramiento adecuado para justificar su conducta, pues, “sencillamente, actuaron como lo hicieron porque así quisieron hacerlo para no sujetarse a ninguna norma legal que pudiera obstaculizar su libérrima voluntad, a sabiendas de la flagrante ilegalidad en que incurrían y del resultado injusto y objetivamente clientelar a que esa contratación ilegal daba lugar”, lo que constituye “la esencia de la prevaricación”.

Además, según indican, la conducta de los condenados “no puede querer legitimarse acudiendo a una especie de estado de necesidad de las personas favorecidas con los contratos irregulares, pues estos se otorgaron con una ausencia casi absoluta de constatación previa de esa situación de vulnerabilidad”, de modo que en los 128 contratos relacionados en la sentencia de la Audiencia “no existía ningún informe individualizado de los servicios sociales sobre la persona contratada y la alegación -tampoco acreditada- de que todas esas personas habían solicitado en alguna ocasión ayuda de los servicios sociales del municipio carece de consistencia, pues es obvio que una persona puede acudir a esos servicios para informarse de si tiene derecho a una determinada prestación no contributiva, sin por ello encontrarse en una situación de necesidad vital”.

Ocurre, además, según explican, que «ninguna situación de necesidad en que pudieran encontrarse las personas favorecidas por esos contratos puede justificar el proceder» de los condenados, cuando existen procedimientos legales sencillos, breves y hacederos para proporcionar empleos temporales a cargo del municipio a personas en situación de vulnerabilidad o en riesgo de pobreza; expedientes a los que Ayuntamientos más pequeños que el de Alcalá del Valle acuden sin mayores problemas y que este Consistorio ha utilizado en otras ocasiones, como lo demuestran los anuncios públicos aportados por la defensa de la propia alcaldesa, «lo que hace más injustificable su conducta en los casos que dan lugar a su condena».

Fuente: https://confilegal.com/20211006-el-tsja-confirma-ocho-anos-y-medio-de-inhabilitacion-para-la-exalcaldesa-de-alcala-del-valle-cadiz-por-prevaricacion/

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