Los jueces «juzgados»

1 junio, 2019

«Expulsado». Una palabra que no sólo amenaza a los estudiantes, sino también a los jueces: es una de las posibles sanciones a las que se enfrentan, además de la suspensión o de la multa. Elpidio José Silva es el último caso en conocerse de la lista de jueces que han estado bajo la lupa del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El órgano abrió un expediente disciplinario al magistrado que ordenó el ingreso en prisión de Miguel Blesa y que podría suponer su expulsión de la carrera judicial. ¿Las causas? Dos faltas muy graves, una por retraso injustificado en la tramitación de los procedimientos y otra por falta de motivación de sus resoluciones, y otra grave por desconsideración hacia los funcionarios de su Juzgado.

Sin embargo, las expulsiones no son habituales. Aunque el artículo 420.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece que las faltas muy graves se castigarán con la suspensión, el traslado forzoso o la expulsión de la carrera —mientras que las graves, con multas de entre 300 y 3.000 euros—, en la última memoria del CGPJ, correspondiente a los datos de 2011, no hubo ninguna. De los 47 expedientes disciplinarios resueltos, 33 finalizaron con sanción. De ellos, tan sólo cuatro fueron resueltos con la suspensión por un periodo que varió de los dos años hasta un mes.

Una de las suspensiones más recientes ocurría en el pasado mes de abril y afectaba a la juez de Madrid Coro Cillán. El CGPJ tomaba la decisión cautelarmente tras la apertura de juicio oral contra ella por un delito de prevaricación. Pero fue en diciembre de 2011 cuando el CGPJ abrió el expediente disciplinario. El motivo era la supuesta comisión de tres faltas muy graves y una más de carácter grave en relación con la clausura de la discoteca madrileña Moma y la designación de los administradores judiciales de la misma. Según uno de los propietarios, la magistrada estaba colaborando con sus socios para conseguir el traspaso de la discoteca.

Precisamente por un delito de prevaricación fue juzgado y condenado Baltasar Garzón. En febrero de 2012, el Tribunal Supremo ponía fin a sus 31 años de carrera judicial: era castigado a más de una década de inhabilitación por los delitos de prevaricación y contra las garantías constitucionales al ordenar la interceptación de las comunicaciones entre los principales imputados del «caso Gürtel» y sus abogados. El pleno del CGPJ lo ratificaba días después. Hacía efectiva la pérdida de su cargo y de los honores ligados, además de incapacitarle para cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial, o con funciones jurisdiccionales fuera del mismo.

Más multas que suspensiones

Sin embargo, son sólo dos casos. Desde 2004 hasta 2011, 53 jueces han sido suspendidos o separados de la carrera judicial. El resto de las 175 sanciones impuestas han sido de carácter económico y otros 198 expedientes resueltos fueron sin ningún tipo de sanción. Decisiones que, en algunos casos, han sido controvertidas.

Así ocurrió con el juez de Sevilla Rafael Tirado, a quien el CGPJ impuso una multa de 1.500 euros por su implicación en el «caso Mari Luz»: no ejecutó durante dos años una condena de cárcel contra Santiago del Valle, quien posteriormente fue condenado a 22 años de cárcel por el asesinato de la niña onubense de cinco años.

Ese mismo día de 2008, y justo los mismos vocales del CGPJ, imponían sin embargo, una multa de mayor cuantía por faltas graves al titular del Juzgado de lo Social de Talavera de la Reina (Toledo), Ángel Luis del Olmo. Una por abuso de autoridad y desconsideración a los funcionarios —por descuidar su higiene personal—, por valor de 5.000 euros; y otra por multar de manera injustificada al secretario judicial, con 2.500 euros.

También fue controvertido el caso del magistrado Javier Gómez de Liaño, a quien en 1998 se condenó a 15 años de inhabilitación por supuesta prevaricación continuada en el «caso Sogecable». Sin embargo, el Gobierno de José María Aznar le indultó en el año 2000 y el GGPJ le reintegró en la carrera judicial en el año 2002. Sin embargo, no fue hasta 2008 cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le dio la razón a Liaño, al considerar que no tuvo un juicio imparcial. Y es que, hasta quienes juzgan a los juzgadores, a veces, se equivocan.

Fuente: ABC

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