Periodistas y políticos llevan años discutiendo sobre la manera de regular el derecho a la información y la libertad de expresión. La falta de una normativa ha llevado a situaciones insólitas, como la protagonizada recientemente por Telma Ortiz, hermana de la princesa de Asturias, que demandó ante los tribunales a medio centenar de medios de comunicación para que el juez les prohíba hablar de su vida privada.

El caso de Telma Ortiz es un ejemplo más del eterno conflicto en torno a los derechos y deberes de los profesionales, una cuestión que el Gobierno se ha comprometido a regular mediante un Estatuto del Periodista.

La Asociación de la Prensa de Madrid (AMP) ha dado ya el primer paso. Una comisión creada en el seno de este organismo ha recogido el testigo para elaborar un documento, todavía en fase de borrador, que sirva de base para el futuro estatuto. «Define quién es periodista y en qué circunstancias puede dejar de serlo», avanza el catedrático de la Universidad Complutense de Madrid Manuel Núñez Encabo, que forma parte del comité de expertos formado por periodistas, juristas, catedráticos y constitucionalistas.

Los periodistas estarán obligados a cumplir, según precisa Núñez Encabo, un código deontológico, un catálogo de deberes que se inspira en una resolución aprobada por el Consejo de Europa en 1993. Para ejercer el periodismo será necesaria una titulación. Y dejarán de ser considerados periodistas «quienes vulneren los códigos deontológicos».

Una comisión se encargará de vigilar el cumplimiento de estas normas, tal y como ocurre en la mayoría de los países europeos. En el Reino Unido, por ejemplo, esta misión recae en la Comisión de Quejas de la Prensa, que tiene potestad para imponer sanciones, aunque éstas se limitan a exigir al medio en cuestón una disculpa. Italia y Portugal van mucho más allá. En determinados caso, los periodistas pueden ser sancionados con multas económicas.

Una vez concluido el texto está previsto que sea remitido al Gobierno, según sus autores. Pero antes de poner en marcha su tramitación parlamentaria, el Ejecutivo aspira a conseguir un consenso entre los agentes afectados: asociaciones profesionales, empresas y sindicatos, para evitar el fracaso cosechado en la pasada legislatura.

Aquel Estatuto del Periodista -elaborado por el Foro de Organizaciones de Periodistas y defendido por Izquierda Unida- empantanó en el Congreso de los Diputados a su paso por la Comisión Constitucional. Al tratarse de una ley orgánica, para su aprobación es necesaria la mayoría absoluta.

Redacción.

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