Las competenciasde la futura Autoridad de Defensa del Cliente Financiero han salido ampliadasen el penúltimo trámite antes de que su regulación llegue al Consejo de Estado. La última versión del anteproyecto de ley que regula la creación de este organismo, llamado a erradicar décadas de alta litigiosidad entre usuarios y entidades financieras, extiende su espectro a cualquier entidad que comercialice productos o servicios financieros aunque no esté vigilada por los supervisores financieros, y le capacita para dirimir sobre controversias tanto económicas como no económicas.
El organismo hereda la misión de proteger los derechos de los consumidores y de disuadir las malas prácticas comerciales que ya tienen los departamentos de reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Planes de Pensiones a los que toma el relevo, con mayores competencias.
La normativa recogía desde su primera versión que la nueva autoridad tendrá capacidad de imponer resoluciones cuando la cuantía en controversia no exceda los 20.000 euros frente a los dictámenes no vinculantes emitidos por los supervisores.
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