La Unión Europea dice que «la corrupción erosiona la confianza en nuestras instituciones» y Pedro Sánchez pacta rebajar el delito de malversación.

Día 9 de diciembre. Pedro Sánchez aprovechaba la distracción del puente de la Inmaculada para lanzar su última bomba legislativa: ERC le pedía bajar las penas del delito de malversación y el PSOE admitía que caminaría por esa senda para contentar a su socio y soporte en el Congreso y La Moncloa. Pero ese día ocurrían más cosas. Se trataba, nada menos, que del día instaurado por Naciones Unidas como jornada internacional contra la corrupción. Y, con motivo de ello, todos los Estados miembros, incluido por supuesto España, recibieron una comunicación oficial de la UE, firmada por Ylva Johansson, Comisionada de Asuntos Internos, pidiendo a sus Ejecutivos un especial compromiso en la lucha contra la corrupción, en el caso de España, del Gobierno de Pedro Sánchez. Y, ni corto ni perezoso, el presidente decidió celebrar el día internacional contra la corrupción despreciando la comunicación europea y anunciando la rebaja de las penas por malversación de caudales públicos.

La comunicación remitida a España y el resto de Estados de la UE incidía en que «la lucha contra la corrupción requiere compromiso, resistencia y determinación». Señalaba que «para ser creíbles, tenemos que empezar en casa». Y añadía que la UE, de hecho, «ha puesto en marcha un fuerte mecanismo de estado de derecho, donde la lucha contra la corrupción es muy prominente y está sólidamente supervisada en todos los Estados miembros». ¿En todos? Porque lo cierto es que ese mismo día el Ejecutivo de Sánchez rebajaba las penas de unos de los principales delitos englobados en la corrupción política.

«Hemos establecido un nuevo mecanismo de condicionalidad del estado de derecho, donde no se dan fondos de la UE a aquellos que son corruptos y violan las normas», advertía Bruselas. Cuestión un tanto dudosa porque lo cierto es que España ha sido requerida para explicar el uso de los fondos y no por ello ha dejado de recibir una parte de las ayudas comunitarias.

Lucha contra la corrupción

«La UE también está comprometida en seguir trabajando para fortalecer su marco legislativo», explicaba el comunicado que llegó a los despachos de Presidencia de La Moncloa. «En 2023, propondremos medidas para actualizar el marco jurídico sobre la corrupción dentro de la UE. Aprobamos normas sobre delitos como el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias y el abuso de poder, más allá de los delitos más clásicos como el soborno», subrayaba la comunicación de Bruselas.

«Para proteger y proyectar nuestros valores en el extranjero, también actualizaremos nuestra caja de herramientas de sanciones para combatir la corrupción», detallaba. Porque, «como subrayó la presidenta Von der Leyen en el discurso sobre el estado de la Unión de 2022, la corrupción erosiona la confianza en nuestras instituciones y debemos luchar con toda la fuerza de la ley», sentenciaba.

La propia UE animaba a los Estados miembros a seguir ese ejemplo y afirmaba en su redactado que «estamos uniendo fuerzas a nivel internacional con formaciones y socios de ideas afines, como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, para trabajar en los objetivos comunes, como la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción». Y Sánchez despreciaba esta colaboración dejando la página más obvia de rebaja del castigo a la corrupción de España en décadas: admitiendo la rebaja de las penas por malversación.

El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, no ha dejado de afirmar desde ese viernes 9 de diciembre que la reforma de su Gobierno no relajará la lucha contra la corrupción. Una frase hueca que choca con la realidad que plasmaba en sus enmiendas ERC ese mismo día y que el propio Gobierno admitía que, sin la literalidad exacta, tendría en cuenta para, efectivamente, rebajar la condena del delito de malversación.

Y es que ERC presentó su propuesta de rebaja del castigo por malversación, que superado el trámite parlamentario, implicará, nada menos, que la inmunidad de todos los altos cargos que aún son investigados por el golpe de Estado separatista y beneficiará también a los indultados y a los fugados, desde Oriol Junqueras –que se libraría de su inhabilitación– hasta Carles Puigdemont.

La enmienda al Código Penal que con agrado acogieron los socialistas desmonta de un plumazo la modificación del delito que se aprobó en 2015 a iniciativa del PP y que permitió a los jueces aplicar el delito de malversación a una parte de los gastos del golpe separatista que desembocó en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

Siguiendo la propuesta de ERC, habría que revisar esos castigos para distinguir entre los casos en los que ha habido lucro personal y aquellos en los que no. De forma que, todo el que se haya llevado el dinero para su partido, haya utilizado un testaferro y no se haya podido probar, o haya usado el dinero malversado para cometer otro delito como el golpe separatista, vería rebajada su condena.

Fuente: https://www.libertaddigital.com/espana/2022-12-13/sanchez-anuncio-su-rebaja-del-delito-de-malversacion-el-mismo-dia-que-europa-le-exigia-mas-dureza-con-la-corrupcion-6966763/

Home: www.asnef.org

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